INFORME EJECUTIVO
| Elaborado por Dr. Alejandro Ariel Vommaro Estudio Reibel-Vommaro & Asoc – Asesor Legal de CEMA |
El Gobierno reglamentó el RIMI, un esquema que otorga beneficios fiscales y promueve la expansión productiva con impacto en el empleo.
El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante el Decreto 242/2026, en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El nuevo régimen establece beneficios fiscales concretos —principalmente en el Impuesto a las Ganancias y el IVA— orientados a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen inversiones productivas en el país. Asimismo, podrán acceder entidades sin fines de lucro debidamente registradas.
Entre las inversiones alcanzadas se incluyen la adquisición de bienes de capital nuevos, equipamiento tecnológico, infraestructura agropecuaria, proyectos de eficiencia energética y obras en curso con bajo nivel de avance. Por el contrario, quedan excluidas las inversiones de carácter financiero y los contribuyentes con deudas fiscales.
Los beneficios se activan a partir de la puesta en marcha de los proyectos, con límites en la devolución del crédito fiscal de IVA, lo que introduce un esquema de incentivo progresivo vinculado a la ejecución efectiva de las inversiones.
Desde una perspectiva integral, el RIMI no solo representa una herramienta fiscal, sino también un instrumento que impulsa la expansión de la capacidad productiva. En este sentido, las empresas deberán acompañar estos procesos con una adecuada planificación laboral, contemplando nuevas incorporaciones y la reorganización de sus estructuras.
Desde CEMA destacamos la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la inversión, fortalecer el entramado productivo y generar empleo formal, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector empresarial en Argentina.
